LA PAZ, 12 sep (Xinhua) -- Tras un debate de casi seis horas, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este viernes en sus dos estaciones un proyecto de ley que suspende temporalmente la ejecución de embargos y sentencias judiciales vinculadas a créditos de vivienda social, y ordena el diferimiento automático de cuotas para micro y pequeños prestatarios.

La medida excepcional busca proteger a sectores vulnerables y dar oxígeno financiero a más de 1,4 millones de familias y emprendedores bolivianos.

La norma, que debe ser revisada por el Senado para su sanción, establece que, durante seis meses desde su promulgación, quedarán en pausa embargos, remates, desapoderamientos y cualquier medida judicial derivada de estos préstamos.

Dispone también que los pagos de capital, intereses y seguros sean diferidos sin que las entidades financieras puedan aplicar intereses adicionales, penalidades o cambios en pólizas de seguro.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó, a través de un reporte oficial, que no se trata de una condonación de deudas ni de una intervención en contratos privados, sino de una disposición temporal y focalizada que no compromete la estabilidad del sistema financiero.

"El proyecto es oportuno y responsable porque protege el derecho a la vivienda de miles de familias y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas, que son motor de la economía", afirmó a periodistas el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

El funcionario recordó que el sistema financiero cerró 2024 con utilidades superiores a 389 millones de dólares, lo que demuestra, dijo, que tiene solvencia suficiente para absorber la medida.

De acuerdo con sus estimaciones, los créditos alcanzados representan menos del 3 por ciento de los depósitos totales, por lo que no ponen en riesgo la estabilidad del sector.

De 2020 a 2024, la mora en la cartera de microcréditos pasó de 1,8 a 3 por ciento. En el caso de la vivienda social, se elevó del 1 a 3,7 por ciento, reflejo de la fragilidad de hogares y pequeños negocios frente a la coyuntura económica.

"Los prestatarios podrán solicitar mantener el cumplimiento de sus obligaciones mediante los mecanismos habilitados por entidades financieras", explicó Montenegro.